El exilio anunciado de la jueza

"A muchos les resulta horrible la idea de regresar. 

El gobierno de Kyrgyzstan 

debería decirnos que volvamos, 

que nos van a ayudar,  

 que estaremos a salvo. 

¡Pero no lo hace!"
Ursanoy Mamadaliyeva , refugiada uzbeka 

[NYT, junio 22 de 2010]

La jueza María Stella Jara salió ayer del país por amenazas.
No han pasado dos semanas desde la condena del coronel Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y la jueza ya debe empezar a cumplir su propia condena, posiblemente de por vida. ¡Y después dicen que la justicia en Colombia no es expedita!

Bastó el dedo señalador del presidente Uribe para que inmediatamente se tomaran las medidas necesarias. En este caso las amenazas fueron suficientes, según informa El Tiempo en su columna de breves (podría haber sido el asesinato a manos del Carnicero, por ejemplo, responsable del atentado contra la jueza Libreros y del asesinato del fiscal Martínez, según informa El Tiempo en la misma columna de breves).

¿Y quiénes fueron los encargados de las amenazas? No se sabrá nunca. Puede ser que en unos años se le endilgue el tema al Alemán, ex Auc que la Procuraduría ha declarado psicópata y mentiroso (más breves de El Tiempo). O a cualquier otro con un alias sugestivo o francamente gracioso. Pero no se sabrá nunca. No es tan fácil relacionar el exilio de la jueza con las declaraciones contundentes del Ministro de Defensa condenando a los tinterillos que socavan la moral de las fuerzas armadas.

El presidente Uribe se habrá levantado contento esta mañana, pensando que su patria soñada, llena de patriotas de buena fe, está un poquito más cerca. 
A otros nos asalta la duda: quizás llegue el día en que nosotros tampoco llenemos los requisitos para la ciudadanía en este nuevo país.

En 2008 ya se contaban cuatro millones de desplazados: cuatro millones de colombianos expulsados de su vida, de sus afectos, de su lengua materna, de la vecindad de la escuela donde cursaron la primaria, de la plaza donde conocieron a su primer amor.  Ayer se sumó a ellos la jueza María Stella Jara, informa la columna de breves de El Tiempo sin trompetas, sin podio, sin plana mayor. A pesar de la discreción, esperamos que la moral de las Fuerzas Armadas esté hoy un poco más alta. La nuestra, sin duda, no lo está.

La democracia o la buena fe

La noticia de la condena al coronel Plazas Vega produjo un inmenso y momentáneo alivio a algunos colombianos. Hubo llamadas telefónicas, insinuaciones de una celebración, sonrisas. Y es que hay quienes creen —yo, entre ellos— que los acontecimientos del Palacio de Justicia marcaron un quiebre en la dirección del país, y se han convertido en el símbolo de la imposibilidad de la democracia colombiana: a la barbarie militar del M-19, el Estado respondió con una acción más bárbara aun. Oficialmente, ese día empezó la guerra civil. Había empezado mucho antes, claro está, pero ese día hubo una declaratoria oficial: una en la que se dijo abiertamente que los hombres armados de uno y otro bando no se detendrían ante nada. Y que más valía que los idiotas que nos quedamos pasmados en la plaza de Bolívar, viendo boquiabiertos cómo ardía el Palacio mientras el presidente no hacía nada, y viendo después con lágrimas en los ojos cómo los tanques militares entraban al Palacio mientras el presidente no hacía nada, nos moviéramos si no queríamos morir en el fuego cruzado.
En los años que siguieron, algunos, con un instinto de supervivencia más desarrollado, se alinearon con uno u otro bando. Otros nos quedamos ahí, y cuando se disipó el humo, y se limpiaron los escombros, y se reconstruyó el edificio, creímos que nos despertábamos de un mal sueño y seguimos adelante, hablando de resultados electorales y de derechos humanos como si viviéramos en un país regido por un sistema democrático. Hace dos días, el fallo de la jueza María Stella Jara nos permitió uno de esos momentos de triunfo que señalan a cada rato el avance victorioso de los ejércitos pero que a nosotros, los civiles de a pie, nos resultan tan escasos.
Escasos y efímeros: el presidente salió inmediatamente a expresar su dolor por el fallo. Quedó claro (¡por si alguien tuviera dudas!) que lo suyo no es una defensa exagerada de su gente o de su gobierno, sino una convicción más profunda sobre la prelación que debe darse en todo momento a las vías militares y a las vías de hecho sobre las vías legales.
También quedó pavorosamente claro que el ejercicio de la ley no tiene cabida en esta sociedad, donde los valores son otros: "Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye el delito." Uribe y su cúpula militar, de pie frente a los colombianos, saben cuándo hay delito y cuándo no. Once desapariciones no son delito: son expresiones de patriotismo; los falsos positivos no son delito: son actos de buena fe ("Hay que haber sido militar para entender", afirmó ayer el que a todas luces será el próximo presidente de los colombianos).

Yo imagino que el coronel Plazas estaba lleno de buena fe cuando aseguró con tono triunfal, a la salida del Palacio, que había salvado la democracia. También imagino ahora, con cierta amargura, que nosotros no sabíamos y él sí (como lo debía de saber el presidente Belisario Betancur) que la democracia colombiana es como el cadáver de Evita Perón, una momia embalsamada que sacan y ponen y quitan y desentierran y exhiben y vuelven a enterrar los bandos en pugna.

Habrá que quitarse, para no morir en el fuego cruzado. Y acompañar de todo corazón desde nuestros refugios a la jueza María Stella Jara y a su hijo, y a la jueza Jenny Jiménez: que el espíritu de Alice Auma las proteja, inermes como están ante la omnipotencia del gobierno colombiano.