El domingo 6 de junio se publicó en El Tiempo una larga entrevista de Yamid Amat con Gabriel Silva, ministro de Defensa colombiano. El momento no podía ser más adecuado: a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, habrá un relevo en agosto (quizás no un cambio radical, pero inevitablemente sí un relevo) y todos los funcionarios (incluso aquellos que sueñan con permanecer en sus cargos, como el ministro de Defensa) están en proceso de hacer un inventario. El del ministro de Defensa resulta ambiguo y alarmante.
Ambiguo, porque el ministro no deja claro si los logros del presidente y del gobierno son logros del país. Y alarmante, porque parecería, a juzgar por las palabras del ministro, que estamos aun más asediados que hace ocho años.
En un momento dado, el ministro de Defensa responde a la pregunta sobre las causas de los falsos positivos con una afirmación contundente: "Lo que es real es que gracias al esfuerzo del presidente, los colombianos se han liberado del narcoterrorismo y del narcoparamilitarismo". Lo que es real, lo que existe, lo que es incontestable, lo que está efectivamente ahí es la desaparición del narcoterrorismo y el narcoparamilitarismo [1]. Es un parte de victoria sin matices, que exige de los lectores un agradecimiento sin peros (peros que el ministro adivina en la alusión a los falsos positivos, que no es un tema sobre el cual él quiera detenerse: lo real son los logros del presidente, no estos muertos).
Esos mismos lectores deben saber que "Le hemos parado el macho al presidente Chávez"—el ministro usa aquí una expresión muy rural, muy de ese medio con el cual el presidente ha querido que lo asociemos—, y que "los deseos expansionistas e intervencionistas de Chávez han sido disuadidos". Otro parte de victoria.
Sin embargo, lo real parece tener otras manifestaciones menos definidas: por una parte, el ministro admite que no se le ha infligido una "derrota final a las FARC", que "la serpiente está arrinconada y débil pero viva" (otra imagen deliciosamente rural con marcados visos religiosos). Por la otra, advierte, "hay riesgos externos" que amenazan "la soberanía nacional".
Los resultados, pues, no son definitivos. El país (que en el discurso del ministro de Defensa recibe tratamiento de espectador pasivo, no de protagonista) debe prepararse, pero si sigue la seguridad democrática, en el inmediato futuro la soberanía no correrá peligro y se dará "el golpe final a la culebra herida" (hacerlo es el sueño del ministro).
Aunque hay una amenaza peor: ellos, los que "no nos pueden derrotar el campo de batalla pero nos quieren derrotar en los estrados judiciales" (donde, se sabe bien, un buen soldado está inerme ante las triquiñuelas asquerosas de los tinterillos); ellos, los que conspiran contra las Fuerzas Militares y las atacan; ellos, los que liberan a los sicarios, criminales y asesinos que las Fuerzas Armadas capturan.
Ellos son "los amigos del terrorismo y enemigos políticos del gobierno"—el ministro los identifica al fin con cierta renuencia, pero no nos dice qué hacer contra esta amenaza, ni cómo prepararnos para afrontarla.
Así que nos esperan tiempos difíciles, aunque los colombianos "que no sean amigos del terrorismo y enemigos políticos del gobierno" elijan como su nuevo presidente a Juan Manuel Santos. Ya el ministro de Defensa aclaró que el asunto de los falsos positivos no es "lo real". Podemos deducir que fue más bien una falsa alarma, y que su descubrimiento no significa que el médico deba enmendar el tratamiento prescrito. Casi como si los equivocados fuesen los muertos. Y podríamos deducir también que están equivocados quienes claman que es más interesante un comercio enriquecedor entre los países que "pararle el macho a Chávez". Sobre la amenaza que representan "ellos", ya veremos: el presidente y sus ministros están haciendo grandes esfuerzos para neutralizar e inhabilitar las decisiones del poder judicial. A lo mejor el próximo presidente da un paso más adelante y lo cancela definitivamente. ¿Quién lo necesita, si logramos que la seguridad democrática no se detenga?
[1] Según el mismo periódico [El Tiempo, junio 8, 1-2], hay cultivos de coca en más del sesenta por ciento del territorio nacional. Pero el ministro de Defensa no parece ver ninguna relación entre este dato y el narcoterrorismo.
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martes, 8 de junio de 2010
viernes, 4 de junio de 2010
De héroes y tinterillos
La Fiscalía colombiana cometió una equivocación. Una imperdonable equivocación, si se quiere, pero rápidamente enmendada: "Al general Padilla [comandante de las Fuerzas Militares] no se le ha llamado a nada, ni siquiera a un interrogatorio" aclaró el fiscal Mendoza Diago seis horas después de que se conoció un documento que mencionaba una investigación contra el general Freddy Padilla.
El presidente Uribe criticó duramente el error y afirmó, según El Tiempo, que "No podemos vivir de equivocación en equivocación maltratando a las Fuerzas Militares".
Tiene razón. Pero la razón no es un tema que le interese particularmente al presidente, que se mueve mejor en el terreno claro (transparente, diría él) de la doctrina y del dogma que en el terreno a veces más pantanoso de la legislación o incluso del intercambio de pareceres.
Hace unos días, nos sorprendió a todos al calificar de idiota útil de los criminales a Adolfo Pérez Esquivel, y de voceros de los terroristas, al Washington Post. La información difundida por el Post (relativa a las supuestas actividades paramilitares de Santiago Uribe) y la consiguiente reacción de Pérez Esquivel (“Si la justicia colombiana, que tiene muchísimas dificultades, no actúa sobre este caso, tendremos que elevar la denuncia a la justicia internacional") involucraba al hermano del presidente, lo cual explica de alguna manera la virulencia de la reacción. Pero no por eso deja de ser sorprendente constatar que el presidente Uribe cree que en todo el orbe, todos los que no están con él, están contra él.
Estas convicciones de iluminado ejercen una gran fascinación sobre sus electores y han sido fundamentales a la hora de poner en práctica la doctrina de la seguridad democrática; pero son profundamente deletéreas para la instituciones, en particular las que sostienen el poder judicial. Porque una cosa es protestar enérgicamente contra una equivocación, y otra muy diferente calificar a quienes la cometieron de tinterillos al servicio del terrorismo. El presidente Uribe habla de "tinterillos [...] que maltratan el avance de la seguridad democrática con acusaciones falsas contra los generales", y su ministro de Defensa le hace eco, al respaldar a Padilla como un oficial que "ha servido a la patria en los rincones donde los tinterillos, los abogados y los enemigos del país jamás han pisado". Remata el presidente, hablando de "los idiotas útiles del terrorismo [...] que todos los días atentan contra la seguridad democrática [...] haciendo acusaciones falsas contra quienes han sido los héroes" [El Tiempo, 4 de junio de 2010].
También considera el presidente que es un ataque contra él y contra su doctrina de la seguridad democrática la orden de captura contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contra quien la Juez 52 Penal de Bogotá dictó medida de aseguramiento por "concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato". El eco en esta ocasión le correspondió al viceministro de Justicia, quien afirmó que "la misma juez que ordenó la captura del doctor Araguren, el año pasado ordenó la liberación de 11 narcotraficantes". ¿Está denunciando algo el viceministro de Justicia? ¿Acusa a la juez de un crimen? O descalifica a gritos a los representantes del poder judicial porque actúan como si hubiese una legislación legítima más allá de los límites de la doctrina de la seguridad democrática?
Al presidente Uribe le gustan más los soldados que los jueces. Pero una democracia plena exige que haya de los unos y de los otros, y exige que los comportamientos de los unos y de los otros acaten unas normas previamente acordadas y establecidas.
El presidente Uribe criticó duramente el error y afirmó, según El Tiempo, que "No podemos vivir de equivocación en equivocación maltratando a las Fuerzas Militares".
Tiene razón. Pero la razón no es un tema que le interese particularmente al presidente, que se mueve mejor en el terreno claro (transparente, diría él) de la doctrina y del dogma que en el terreno a veces más pantanoso de la legislación o incluso del intercambio de pareceres.
Hace unos días, nos sorprendió a todos al calificar de idiota útil de los criminales a Adolfo Pérez Esquivel, y de voceros de los terroristas, al Washington Post. La información difundida por el Post (relativa a las supuestas actividades paramilitares de Santiago Uribe) y la consiguiente reacción de Pérez Esquivel (“Si la justicia colombiana, que tiene muchísimas dificultades, no actúa sobre este caso, tendremos que elevar la denuncia a la justicia internacional") involucraba al hermano del presidente, lo cual explica de alguna manera la virulencia de la reacción. Pero no por eso deja de ser sorprendente constatar que el presidente Uribe cree que en todo el orbe, todos los que no están con él, están contra él.
Estas convicciones de iluminado ejercen una gran fascinación sobre sus electores y han sido fundamentales a la hora de poner en práctica la doctrina de la seguridad democrática; pero son profundamente deletéreas para la instituciones, en particular las que sostienen el poder judicial. Porque una cosa es protestar enérgicamente contra una equivocación, y otra muy diferente calificar a quienes la cometieron de tinterillos al servicio del terrorismo. El presidente Uribe habla de "tinterillos [...] que maltratan el avance de la seguridad democrática con acusaciones falsas contra los generales", y su ministro de Defensa le hace eco, al respaldar a Padilla como un oficial que "ha servido a la patria en los rincones donde los tinterillos, los abogados y los enemigos del país jamás han pisado". Remata el presidente, hablando de "los idiotas útiles del terrorismo [...] que todos los días atentan contra la seguridad democrática [...] haciendo acusaciones falsas contra quienes han sido los héroes" [El Tiempo, 4 de junio de 2010].
También considera el presidente que es un ataque contra él y contra su doctrina de la seguridad democrática la orden de captura contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contra quien la Juez 52 Penal de Bogotá dictó medida de aseguramiento por "concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato". El eco en esta ocasión le correspondió al viceministro de Justicia, quien afirmó que "la misma juez que ordenó la captura del doctor Araguren, el año pasado ordenó la liberación de 11 narcotraficantes". ¿Está denunciando algo el viceministro de Justicia? ¿Acusa a la juez de un crimen? O descalifica a gritos a los representantes del poder judicial porque actúan como si hubiese una legislación legítima más allá de los límites de la doctrina de la seguridad democrática?
Al presidente Uribe le gustan más los soldados que los jueces. Pero una democracia plena exige que haya de los unos y de los otros, y exige que los comportamientos de los unos y de los otros acaten unas normas previamente acordadas y establecidas.
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