El exilio anunciado de la jueza

"A muchos les resulta horrible la idea de regresar. 

El gobierno de Kyrgyzstan 

debería decirnos que volvamos, 

que nos van a ayudar,  

 que estaremos a salvo. 

¡Pero no lo hace!"
Ursanoy Mamadaliyeva , refugiada uzbeka 

[NYT, junio 22 de 2010]

La jueza María Stella Jara salió ayer del país por amenazas.
No han pasado dos semanas desde la condena del coronel Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y la jueza ya debe empezar a cumplir su propia condena, posiblemente de por vida. ¡Y después dicen que la justicia en Colombia no es expedita!

Bastó el dedo señalador del presidente Uribe para que inmediatamente se tomaran las medidas necesarias. En este caso las amenazas fueron suficientes, según informa El Tiempo en su columna de breves (podría haber sido el asesinato a manos del Carnicero, por ejemplo, responsable del atentado contra la jueza Libreros y del asesinato del fiscal Martínez, según informa El Tiempo en la misma columna de breves).

¿Y quiénes fueron los encargados de las amenazas? No se sabrá nunca. Puede ser que en unos años se le endilgue el tema al Alemán, ex Auc que la Procuraduría ha declarado psicópata y mentiroso (más breves de El Tiempo). O a cualquier otro con un alias sugestivo o francamente gracioso. Pero no se sabrá nunca. No es tan fácil relacionar el exilio de la jueza con las declaraciones contundentes del Ministro de Defensa condenando a los tinterillos que socavan la moral de las fuerzas armadas.

El presidente Uribe se habrá levantado contento esta mañana, pensando que su patria soñada, llena de patriotas de buena fe, está un poquito más cerca. 
A otros nos asalta la duda: quizás llegue el día en que nosotros tampoco llenemos los requisitos para la ciudadanía en este nuevo país.

En 2008 ya se contaban cuatro millones de desplazados: cuatro millones de colombianos expulsados de su vida, de sus afectos, de su lengua materna, de la vecindad de la escuela donde cursaron la primaria, de la plaza donde conocieron a su primer amor.  Ayer se sumó a ellos la jueza María Stella Jara, informa la columna de breves de El Tiempo sin trompetas, sin podio, sin plana mayor. A pesar de la discreción, esperamos que la moral de las Fuerzas Armadas esté hoy un poco más alta. La nuestra, sin duda, no lo está.

Nuestra boca es nuestra mejor arma

El 27 de febrero, faltando un poco más de tres meses para las elecciones presidenciales, la Corte Constitucional colombiana declaró inexequible en su totalidad, por violaciones sustanciales a la Constitución, la convocación de un referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe (en octubre de 2005 se había reformado la Constitución para permitir su primera reelección). En términos prácticos, eso supuso que fue el presidente en ejercicio quien decidió en qué términos se daría la campaña para la presidencia en 2010; supuso también que el presidente se otorgó a sí mismo, como premio de consolación por su derrota, el derecho de intervenir activamente en la campaña durante los tres meses que dejó libres para que otros candidatos pugnaran por la posición que él ocupa.
Y sin embargo, a pesar del estrecho margen de maniobra, hubo una campaña en la que se plantearon propuestas divergentes, se colonizaron nuevos espacios para la política, y se oxigenó el discurso político, abiertamente monopolizado en los últimos ocho años por el presidente Uribe, quien, en su empeño por arrasar con las Farc, impuso una retórica de guerra que giraba en torno a la patria, a la derrota del enemigo y a la urgencia bélica, que no dejaba espacio alguno para la argumentación.
El discurso de la victoria de Juan Manuel Santos, de corte francamente militarista, y con el aperitivo de los bailes folclóricos y los disfraces regionales, no parece anunciar muchos cambios. Y no hay asomo de una reflexión en torno a sus propias acciones al frente del Ministerio de Defensa (la utilización del símbolo de la Cruz Roja durante el operativo de rescate de Ingrid Betancourt, o el asesinato de civiles indefensos para sumar los cadáveres a las cuentas alegres de la lucha contra el terrorismo, o el bombardeo del Ecuador). Habló, sí, del recurso a la diplomacia en el manejo de las relaciones con los vecinos, pero habrá que ver si esta diplomacia se limita (como sucede con el presidente Uribe) a dar o pedir explicaciones por las vías diplomáticas en relación con los insultos de matón en la tribuna a los que tanto Chávez como Uribe son tan propensos y que les dan tan buenos resultados en el corto plazo.

Pero esta campaña y estas elecciones demuestran que el país sí ha cambiado (en parte, por supuesto, gracias a las acciones de Uribe). En su columna del 19 de junio Esteban Carlos Mejía afirmó que "las diferencias entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus "son apenas adjetivas, secundarias, individualistas". El mismo Mockus pareció confirmarlo al recurrir, entre otras, a la grosera metáfora de los huevitos, o al expresar su acuerdo con las bases militares. No obstante, tres millones y medio de personas prefirieron votar por el abanderado de la ley y de la defensa de la vida, y quizás el mérito de esos votos sí le corresponda a Uribe. Porque su gran logro, creo yo, fue desactivar la mucha o poca legitimidad amasada por la guerrilla a lo largo de décadas de enfrentamientos con el Estado en nombre de los desprotegidos. No es tolerable hoy defender el ejercicio de la violencia como forma de combatir la profunda desigualdad que caracteriza esta sociedad.
A partir de ese punto deberá empezar a gobernar Juan Manuel Santos, cuyo parte de victoria contra el terrorismo lo obliga necesariamente a ocuparse de los serios problemas que enfrenta hoy el país: los ideólogos del Partido Verde hablan en primer término del problema de la tierra, pero también de la sostenibilidad fiscal y del sistema de salud, entre otros (http://elespectador.com/columna-209565-fragil-unidad-nacional-de-santos). El Polo subraya el hecho de que "nuestro sistema económico profundiza la inequidad y no genera trabajo productivo", del acceso a la educación, del fortalecimiento de la justicia.

Nueve millones de votos no son una patente de corso: son la expresión de la esperanza de que el partido de la U está en capacidad de cumplir la segunda parte de sus promesas. Para que eso sea posible, deberá necesariamente recurrir al "intercambio de argumentos libre de presiones" que propone Mockus. Cualquier otra cosa sería la admisión definitiva de la incapacidad de superar la guerra. Y en ese caso, todas las palabras sobran.

Pan y pedazo

Tiene razón el presidente Uribe (aunque habrá que hacer caso omiso del tono chillón y desapacible, y de su imparable participación en la campaña política en curso): es oportunista el anuncio de César Gaviria, presidente del Partido Liberal hasta hace unos meses, de que votará por Santos, y desafortunada su aclaración de que espera que el candidato "rectifique algunas de las políticas del presidente Uribe".
Si la suya es una adscripción personal al candidato, al margen de las tendencias partidistas de uno y otro, no había ninguna necesidad de hacerla pública. Si es la expresión de su apoyo personal al partido de la U, no tiene ningún sentido que le pida al partido del presidente Uribe y al candidato del presidente Uribe que no apoyen las políticas del presidente que les valieron la victoria (máxime cuando Santos tiene todos los votos que necesita para las próximas elecciones). Si su declaración expresa el apoyo de una fracción del liberalismo, no parece que esta fracción estuviera en posición de imponer condiciones al apoyo explícito.
¿Qué busca el ex presidente Gaviria? Pan y pedazo. El Partido Liberal, tan acostumbrado al poder, claramente no se siente a gusto en la oposición. Prefiere participar de un gobierno en el que prevalezca "la cultura del atajo y del todo vale" (o de la buena fe y el patriotismo: depende de dónde se le mire) que constituirse desde la oposición en una opción futura de gobierno. Está jugando de segundón, como el Partido Conservador durante casi todo el siglo pasado, y aunque es evidente que no le gustan las migas, también es evidente que no quiere renunciar a ellas.
¡Lastima! Hubo un momento en los últimos dos años en el que parecía que el Partido Liberal iba a asumir un liderazgo lastimosamente perdido por la indisciplina y la arrogancia de sus copartidarios. No será así, está claro: no se oyen las ideas sobre una forma de gobierno que fortalezca las instituciones cuando uno murmura con la cabeza gacha.

Con el pan y con el queso

La comunidad internacional aparentemente sorprendió al gobierno con sus pronunciamientos:

 La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le pidió ayer al Gobierno que "respete la sentencia" contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones tras la recuperación del Palacio de Justicia, en 1985, y emplazó a las autoridades a "seguir garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas".

Más:
El respeto de los derecho humanos fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado democrático; también en Colombia.

Otro poquito:

El Estado tiene que reaccionar, claro, pero sin desaparecer personas o violando los derechos humanos. Eso no puede formar parte de la reacción legítima de un Estado democrático ante personas o grupos que lo estén confrontando.

Y un puntillazo final:
Colombia ha introducido importantes reformas en sus Fuerzas Armadas en los últimos años: la política nacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, medidas para delimitar claramente el ámbito de la justicia penal militar... Yo [Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada para los DD.HH.] tengo preocupación de que en estas discusiones se olviden estos avances y hasta podamos llegar a un retroceso.

 El presidente Uribe y el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, saben que no hay nada de malo en desdecirse en la página 15 de la descalificación enfurecida en la primera página, y en la televisión, y en la radio.

El daño ya está hecho: las juezas ya están marcadas (con suerte, se exilarán sin escándalo antes de que las maten), y los colombianos ya saben que el poder judicial es el enemigo de la patria. Ahora se trata de guardar las apariencias para la comunidad internacional, en voz baja,  sin bombos ni platillos, sin televisión, sin profunda indignación, sin fotos intimidantes del Estado Mayor con el presidente a la cabeza. Solo un tibio pronunciamiento sobre la necesidad "de acatar y respetar" el fallo de la jueza en el caso del coronel Plazas, acompañado de otro tibio llamado del presidente a proteger los resultados de la negociación de paz que permitió la desmovilización del M-19 en 1990, durante la presidencia de Virgilio Barco. Un pronunciamiento del tenor del que obligó al gobierno a corregir con el tono enfadado de quien padece una injusticia la cifra de sindicalistas colombianos muertosen el último año: no fueron 48. ¡Exagerados! Fueron solo 28.

La democracia o la buena fe

La noticia de la condena al coronel Plazas Vega produjo un inmenso y momentáneo alivio a algunos colombianos. Hubo llamadas telefónicas, insinuaciones de una celebración, sonrisas. Y es que hay quienes creen —yo, entre ellos— que los acontecimientos del Palacio de Justicia marcaron un quiebre en la dirección del país, y se han convertido en el símbolo de la imposibilidad de la democracia colombiana: a la barbarie militar del M-19, el Estado respondió con una acción más bárbara aun. Oficialmente, ese día empezó la guerra civil. Había empezado mucho antes, claro está, pero ese día hubo una declaratoria oficial: una en la que se dijo abiertamente que los hombres armados de uno y otro bando no se detendrían ante nada. Y que más valía que los idiotas que nos quedamos pasmados en la plaza de Bolívar, viendo boquiabiertos cómo ardía el Palacio mientras el presidente no hacía nada, y viendo después con lágrimas en los ojos cómo los tanques militares entraban al Palacio mientras el presidente no hacía nada, nos moviéramos si no queríamos morir en el fuego cruzado.
En los años que siguieron, algunos, con un instinto de supervivencia más desarrollado, se alinearon con uno u otro bando. Otros nos quedamos ahí, y cuando se disipó el humo, y se limpiaron los escombros, y se reconstruyó el edificio, creímos que nos despertábamos de un mal sueño y seguimos adelante, hablando de resultados electorales y de derechos humanos como si viviéramos en un país regido por un sistema democrático. Hace dos días, el fallo de la jueza María Stella Jara nos permitió uno de esos momentos de triunfo que señalan a cada rato el avance victorioso de los ejércitos pero que a nosotros, los civiles de a pie, nos resultan tan escasos.
Escasos y efímeros: el presidente salió inmediatamente a expresar su dolor por el fallo. Quedó claro (¡por si alguien tuviera dudas!) que lo suyo no es una defensa exagerada de su gente o de su gobierno, sino una convicción más profunda sobre la prelación que debe darse en todo momento a las vías militares y a las vías de hecho sobre las vías legales.
También quedó pavorosamente claro que el ejercicio de la ley no tiene cabida en esta sociedad, donde los valores son otros: "Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Se excluye el delito." Uribe y su cúpula militar, de pie frente a los colombianos, saben cuándo hay delito y cuándo no. Once desapariciones no son delito: son expresiones de patriotismo; los falsos positivos no son delito: son actos de buena fe ("Hay que haber sido militar para entender", afirmó ayer el que a todas luces será el próximo presidente de los colombianos).

Yo imagino que el coronel Plazas estaba lleno de buena fe cuando aseguró con tono triunfal, a la salida del Palacio, que había salvado la democracia. También imagino ahora, con cierta amargura, que nosotros no sabíamos y él sí (como lo debía de saber el presidente Belisario Betancur) que la democracia colombiana es como el cadáver de Evita Perón, una momia embalsamada que sacan y ponen y quitan y desentierran y exhiben y vuelven a enterrar los bandos en pugna.

Habrá que quitarse, para no morir en el fuego cruzado. Y acompañar de todo corazón desde nuestros refugios a la jueza María Stella Jara y a su hijo, y a la jueza Jenny Jiménez: que el espíritu de Alice Auma las proteja, inermes como están ante la omnipotencia del gobierno colombiano.

Lo real

El domingo 6 de junio se publicó en El Tiempo una larga entrevista de Yamid Amat con Gabriel Silva, ministro de Defensa colombiano. El momento no podía ser más adecuado: a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, habrá un relevo en agosto (quizás no un cambio radical, pero inevitablemente sí un relevo) y todos los funcionarios (incluso aquellos que sueñan con permanecer en sus cargos, como el ministro de Defensa) están en proceso de hacer un inventario. El del ministro de Defensa resulta ambiguo y alarmante.

Ambiguo, porque el ministro no deja claro si los logros del presidente y del gobierno son logros del país. Y alarmante, porque parecería, a juzgar por las palabras del ministro, que estamos aun más asediados que hace ocho años.

En un momento dado, el ministro de Defensa responde a la pregunta sobre las causas de los falsos positivos con una afirmación contundente: "Lo que es real es que gracias al esfuerzo del presidente, los colombianos se han liberado del narcoterrorismo y del narcoparamilitarismo". Lo que es real, lo que existe, lo que es incontestable, lo que está efectivamente ahí es la desaparición del  narcoterrorismo y el narcoparamilitarismo [1]. Es un parte de victoria sin matices, que exige de los lectores un agradecimiento sin peros (peros que el ministro adivina en la alusión a los falsos positivos, que no es un tema sobre el cual él quiera detenerse: lo real son los logros del presidente, no estos muertos).
Esos mismos lectores deben saber que "Le hemos parado el macho al presidente Chávez"—el ministro usa aquí una expresión muy rural, muy de ese medio con el cual el presidente ha querido que lo asociemos—, y que "los deseos expansionistas e intervencionistas de Chávez han sido disuadidos". Otro parte de victoria.

Sin embargo, lo real parece tener otras manifestaciones menos definidas: por una parte, el ministro admite que no se le ha infligido una "derrota final a las FARC", que "la serpiente está arrinconada y débil pero viva" (otra imagen deliciosamente rural con marcados visos religiosos). Por la otra, advierte, "hay riesgos externos" que amenazan "la soberanía nacional".

Los resultados, pues, no son definitivos. El país (que en el discurso del ministro de Defensa recibe tratamiento de espectador pasivo, no de protagonista) debe prepararse, pero si sigue la seguridad democrática, en el inmediato futuro la soberanía no correrá peligro y se dará "el golpe final a la culebra herida" (hacerlo es el sueño del ministro).

Aunque hay una amenaza peor: ellos, los que "no nos pueden derrotar el campo de batalla pero nos quieren derrotar en los estrados judiciales" (donde, se sabe bien, un buen soldado está inerme ante las triquiñuelas asquerosas de los tinterillos); ellos, los que conspiran contra las Fuerzas Militares y las atacan; ellos, los que liberan a los sicarios, criminales y asesinos que las Fuerzas Armadas capturan.

Ellos son "los amigos del terrorismo y enemigos políticos del gobierno"—el ministro los identifica al fin con cierta renuencia, pero no nos dice qué hacer contra esta amenaza, ni cómo prepararnos para afrontarla. 

Así que nos esperan tiempos difíciles, aunque los colombianos "que no sean amigos del terrorismo y enemigos políticos del gobierno" elijan como su nuevo presidente a Juan Manuel Santos. Ya el ministro de Defensa aclaró que el asunto de los falsos positivos no es "lo real". Podemos deducir que fue más bien una falsa alarma, y que su descubrimiento no significa que el médico deba enmendar el tratamiento prescrito. Casi como si los equivocados fuesen los muertos. Y podríamos deducir también que están equivocados quienes claman que es más interesante un comercio enriquecedor entre los países que "pararle el macho a Chávez". Sobre la amenaza que representan "ellos", ya veremos: el presidente y sus ministros están haciendo grandes esfuerzos para neutralizar e inhabilitar las decisiones del poder judicial. A lo mejor el próximo presidente da un paso más adelante y lo cancela definitivamente. ¿Quién lo necesita, si logramos que la seguridad democrática no se detenga?

[1] Según el mismo periódico [El Tiempo, junio 8, 1-2], hay cultivos de coca en más del sesenta por ciento del territorio nacional. Pero el ministro de Defensa no parece ver ninguna relación entre este dato y el narcoterrorismo.

De héroes y tinterillos

La Fiscalía colombiana cometió una equivocación. Una imperdonable equivocación, si se quiere, pero rápidamente enmendada: "Al general Padilla [comandante de las Fuerzas Militares] no se le ha llamado a nada, ni siquiera a un interrogatorio" aclaró el fiscal Mendoza Diago seis horas después de que se conoció un documento que mencionaba una investigación contra el general Freddy Padilla.
El presidente Uribe criticó duramente el error y afirmó, según El Tiempo, que "No podemos vivir de equivocación en equivocación maltratando a las Fuerzas Militares".
Tiene razón. Pero la razón no es un tema que le interese particularmente al presidente, que se mueve mejor en el terreno claro (transparente, diría él) de la doctrina y del dogma que en el terreno a veces más pantanoso de la legislación o incluso del intercambio de pareceres.

Hace unos días, nos sorprendió a todos al calificar de idiota útil de los criminales a Adolfo Pérez Esquivel, y de voceros de los terroristas, al Washington Post. La información difundida por el Post (relativa a las supuestas actividades paramilitares de Santiago Uribe) y la consiguiente reacción de Pérez Esquivel (“Si la justicia colombiana, que tiene muchísimas dificultades, no actúa sobre este caso, tendremos que elevar la denuncia a la justicia internacional") involucraba al hermano del presidente, lo cual explica de alguna manera la virulencia de la reacción. Pero no por eso deja de ser sorprendente constatar que el presidente Uribe cree que en todo el orbe, todos los que no están con él, están contra él.

Estas convicciones de iluminado ejercen una gran fascinación sobre sus electores y han sido fundamentales a la hora de poner en práctica la doctrina de la seguridad democrática; pero son profundamente deletéreas para la instituciones, en particular las que sostienen el poder judicial. Porque una cosa es protestar enérgicamente contra una equivocación, y otra muy diferente calificar a quienes la cometieron de tinterillos al servicio del terrorismo. El presidente Uribe habla de "tinterillos [...] que maltratan el avance de la seguridad democrática con acusaciones falsas contra los generales", y su ministro de Defensa le hace eco, al respaldar a Padilla como un oficial que "ha servido a la patria en los rincones donde los tinterillos, los abogados y los enemigos del país jamás han pisado". Remata el presidente, hablando de "los idiotas útiles del terrorismo [...] que todos los días atentan contra la seguridad democrática [...] haciendo acusaciones falsas contra quienes han sido los héroes" [El Tiempo, 4 de junio de 2010].
También considera el presidente que es un ataque contra él y contra su doctrina de la seguridad democrática la orden de captura contra Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, contra quien la Juez 52 Penal de Bogotá dictó medida de aseguramiento por "concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato". El eco en esta ocasión le correspondió al viceministro de Justicia, quien afirmó que "la misma juez que ordenó la captura del doctor Araguren, el año pasado ordenó la liberación de 11 narcotraficantes". ¿Está denunciando algo el viceministro de Justicia? ¿Acusa a la juez de un crimen? O descalifica a gritos a los representantes del poder judicial porque actúan como si hubiese una legislación legítima más allá de los límites de la doctrina de la seguridad democrática?

Al presidente Uribe le gustan más los soldados que los jueces. Pero una democracia plena exige que haya de los unos y de los otros, y exige que los comportamientos de los unos y de los otros acaten unas normas previamente acordadas y establecidas.

Uniones y alianzas

Andrés Felipe Arias es una de las figuras más deliciosamente ridículas que ha producido la política nacional: cuando crezca será un Malvolio amargado y violento, pero por ahora actúa con la tonta seguridad de quien no se ha dado cuenta todavía de que siempre será un correveidile. Fue patético verlo agachar la cabeza ante la unción del jefe y aceptar gozoso el diminutivo, fue patético verlo correr a buscar refugio en las faldas de la u después de la derrota ante Noemí, y es patético verlo ahora chillándole entusiasmado a sus ex copartidarios para que se unan a él.
Valdría la pena, a pesar de la tentación de unirse a la fiesta, que el Partido Conservador medite su decisión: lo cierto es que su presencia en el Senado y en la Cámara ha crecido en los últimos años (de 13 senadores en el 2002 a 23 en el 2010), y con ella, su peso real en el panorama político. Aceptar la invitación de Arias sería equivalente a firmar el certificado de defunción del partido, que acabaría de diluirse en el partido de la U (que al fin y al cabo es más afín al conservatismo que al Partido Liberal).
Pardo, en cambio, pide una aclaración semántica: ¿qué va de unión a alianza? Pero me temo que el Partido Liberal —acostumbrado desde hace demasiado tiempo a la repartición de cuotas sin muchos matices ideológicos—  dejó pasar la oportunidad de constituirse en partido de oposición, y acabará también plegado a la U.

Mockus y Petro (más bien Petro y Mockus) siguen siendo la esperanza de que se consolide la oposición, y ella explica la necesidad de una segunda vuelta. Es importante medir la fuerza que tendrán en las afueras del gobierno. ¿Posibilidades de una alianza? No parece haber muchas, pero quizás prevalezca la inteligencia política.