La comunidad internacional aparentemente sorprendió al gobierno con sus pronunciamientos:
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le pidió ayer al Gobierno que "respete la sentencia" contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones tras la recuperación del Palacio de Justicia, en 1985, y emplazó a las autoridades a "seguir garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas".
Más:
El respeto de los derecho humanos fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado democrático; también en Colombia.
Otro poquito:
El Estado tiene que reaccionar, claro, pero sin desaparecer personas o violando los derechos humanos. Eso no puede formar parte de la reacción legítima de un Estado democrático ante personas o grupos que lo estén confrontando.
Y un puntillazo final:
Colombia ha introducido importantes reformas en sus Fuerzas Armadas en los últimos años: la política nacional sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, medidas para delimitar claramente el ámbito de la justicia penal militar... Yo [Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada para los DD.HH.] tengo preocupación de que en estas discusiones se olviden estos avances y hasta podamos llegar a un retroceso.
El presidente Uribe y el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares, saben que no hay nada de malo en desdecirse en la página 15 de la descalificación enfurecida en la primera página, y en la televisión, y en la radio.
El daño ya está hecho: las juezas ya están marcadas (con suerte, se exilarán sin escándalo antes de que las maten), y los colombianos ya saben que el poder judicial es el enemigo de la patria. Ahora se trata de guardar las apariencias para la comunidad internacional, en voz baja, sin bombos ni platillos, sin televisión, sin profunda indignación, sin fotos intimidantes del Estado Mayor con el presidente a la cabeza. Solo un tibio pronunciamiento sobre la necesidad "de acatar y respetar" el fallo de la jueza en el caso del coronel Plazas, acompañado de otro tibio llamado del presidente a proteger los resultados de la negociación de paz que permitió la desmovilización del M-19 en 1990, durante la presidencia de Virgilio Barco. Un pronunciamiento del tenor del que obligó al gobierno a corregir con el tono enfadado de quien padece una injusticia la cifra de sindicalistas colombianos muertosen el último año: no fueron 48. ¡Exagerados! Fueron solo 28.
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